En Chillán, el alcalde Camilo Benavente enfrenta un momento decisivo en su gestión. Seis casos concretos esperan definiciones que no admiten demora y que marcarán su credibilidad frente a la ciudadanía. En todos ellos, la tensión es la misma: respetar la probidad administrativa, equidad de género y los dictámenes de Contraloría o priorizar vínculos personales y redes políticas.
- Caso Víctor Fernández Urbina: la prueba de fuego en probidad administrativa
Desde febrero de 2025, el alcalde Camilo Benavente tiene en su poder el sumario administrativo seguido en contra del jefe de Emergencia de la Municipalidad de Chillán, Víctor Fernández Urbina, quien fue condenado por acoso sexual y laboral en la causa T-52-2022 del Tribunal Laboral de Chillán, sentencia ratificada posteriormente por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. La legislación no deja margen de interpretación: el artículo 82 letras L y M del Estatuto Administrativo prohíben expresamente las conductas de acoso sexual y laboral, y el artículo 123 señala que la medida disciplinaria de destitución procede cuando dichas conductas vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, lo que convierte la decisión del alcalde en prácticamente obligatoria. Sin embargo, el silencio de Benavente ha generado inquietud en el municipio, no solo porque Fernández Urbina mantiene una reconocida cercanía con la autoridad comunal y se comenta que incluso habría colaborado en su primera campaña, sino también porque a la fecha no ha devuelto los $11 millones de pesos que Contraloría Regional de Ñuble ordenó reintegrar a las arcas municipales, deuda judicializada en la causa civil rol 1526-2025, la cual sorprendentemente permanece sin movimiento desde el 10 de julio. A ello se suma que este funcionario está sujeto a tres sumarios en curso (más de tres años, sin resolución), todos ellos investigados por un fiscal Daniel Fuentes Almendra, cercano a él, lo que incrementa las suspicacias sobre la transparencia del proceso. La decisión de Benavente será crucial: optar por la probidad y aplicar la destitución que la ley exige o, por el contrario, ceder ante la amistad y las lealtades personales, debilitando con ello la legitimidad de su gestión.
- Caso Richard Guzmán: ¿respetará Benavente lo que determine Contraloría?
Richard Guzmán, exadministrador municipal y considerado la mano derecha de Benavente, enfrenta un complejo escenario judicial al estar formalizado por el delito de negociación incompatible establecido en el artículo 240 del Código Penal, en la causa rol 6065-2024 del Juzgado de Garantía de Chillán, mientras que en octubre de este año se abrirá una segunda formalización en la causa 4231-2025. El Informe Especial N.º 704 de la Contraloría Regional de Ñuble ya detectó irregularidades en permisos y licencias de viaje vinculadas directamente a Guzmán, incluso en relación con la funcionaria Lily Fariña (caso cero), lo que se convierte en un antecedente condicionante de la decisión que el alcalde debe tomar. El problema político es evidente: durante más de diez meses, Benavente defendió públicamente a Guzmán, evitando su destitución por parte del Concejo Municipal y permitiendo que siguiera recibiendo remuneraciones. Hoy, la pregunta que se impone es clara: si Contraloría propone la destitución como sanción, ¿el alcalde la acatará o insistirá en blindar a su colaborador más cercano?. Fuentes municipales señalan que este caso será determinante para comprobar si Benavente gobierna con apego a la probidad y a la institucionalidad, o si se inclina nuevamente por las lealtades personales que han marcado su círculo político más estrecho.
- Caso LED: la decisión que incomoda al círculo íntimo
La investigación de Contraloría sobre la millonaria licitación de luminarias LED se encuentra prácticamente concluida y, según fuentes internas del municipio, ya estaría en poder del alcalde. Se trata de un expediente incómodo porque en él aparece mencionado un amigo de infancia y compañero de colegio de Benavente, que además fue administrador durante la gestión del exalcalde Zarzar. La duda que se instala en Chillán es directa: ¿esperará Benavente el dictamen formal de Contraloría antes de pronunciarse, o decidirá en base a la conveniencia de proteger viejas amistades? Y una vez que Contraloría emita su resolución definitiva, ¿la respetará íntegramente, aunque golpee a su círculo íntimo, o buscará mecanismos para atenuar sus efectos? La ciudadanía observa expectante, porque en este caso no solo está en juego la transparencia del proceso, sino también la capacidad del alcalde para desmarcarse de vínculos personales que comprometen la imagen de su administración.
- Caso del abogado Gabriel Osorio Vargas: sueldos sin trabajo
El exconstituyente socialista y abogado cercano a Isabel Allende, Gabriel Osorio Vargas, fue contratado a honorarios en la Municipalidad de Chillán por $2,8 millones mensuales, pese a que nunca asistió a cumplir funciones, situación que ha generado indignación entre funcionarios y vecinos. El antecedente de Coquimbo, donde Contraloría objetó una contratación de características similares, anticipa que en Chillán podría abrirse un juicio de cuentas contra los directivos que autorizaron pagos sin respaldo laboral, lo que incluye al director de control, de finanzas, al área jurídica y a la propia administradora municipal. En este escenario, Benavente debe decidir si ordena desde ya, la devolución de los dineros indebidamente pagados, resguardando el patrimonio municipal y protegiendo a sus equipos técnicos, o si espera el pronunciamiento de Contraloría exponiendo a sus funcionarios a responsabilidades administrativas y patrimoniales. En este caso, la decisión del alcalde no solo implica transparencia, sino también la protección institucional de su propio gobierno municipal.
- Contrataciones desbordadas: el peso de 2.170 funcionarios
Chillán apareció en la prensa nacional como la tercera comuna con mayor número de contrataciones municipales del país, con más de 2.170 funcionarios en la planilla. Sin embargo, este crecimiento desmedido no guarda relación con el presupuesto municipal, que no ha crecido en la misma proporción. La situación interna es preocupante: existen diferencias salariales notorias entre funcionarios que desempeñan el mismo cargo, lo que genera un clima de malestar, mientras otros trabajadores viven en la incertidumbre ante la posibilidad de despidos masivos destinados a equilibrar el presupuesto. La decisión de Benavente en este punto será clave: ¿continuará inflando la dotación municipal con riesgo de arrastrar al municipio a un déficit estructural, o adoptará un plan de austeridad que, aunque políticamente costoso, dé garantías de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos? Aquí no solo se mide su capacidad de gestión administrativa, sino también su coraje político frente a un escenario explosivo.
- Definición presidencial: ¿PPD disciplinado o alcalde díscolo?
Con las candidaturas presidenciales ya inscritas, el alcalde, militante del PPD, deberá resolver si se alineará con la candidatura de la Candidata Comunista Jannette Jara, apoyada por sectores de la coalición oficialista, o si mantendrá la distancia que mostró en la elección anterior, cuando su apoyo a Gabriel Boric fue tibio y poco visible. Esta decisión, aunque aparentemente política y partidaria, también tiene un componente local: marcará el posicionamiento del alcalde en un escenario donde la oposición busca avanzar en Ñuble y donde las alianzas nacionales pueden repercutir directamente en su propio futuro electoral. Si se disciplina al PPD y respalda a Jara, proyecta cohesión partidaria; si marca distancia, aparece como un alcalde autónomo, arriesgando fracturas en su colectividad y tensiones con La Moneda, pero quedando bien con parte de la UDI que notoriamente esta contratada en la Municipalidad, vinculados al Senador Gustavo Sanhueza y Concejal Rodrigo Ramírez.
El momento de definiciones
En seis frentes simultáneos como el sumario de Fernández Urbina, el caso judicial y administrativo de Guzmán, la licitación LED, el contrato irregular de Osorio Vargas, el desborde de contrataciones y la definición presidencial, el Alcalde Camilo Benavente enfrenta decisiones que marcarán un antes y un después en su gestión. La comunidad chillaneja espera claridad y firmeza, porque no se trata de trámites menores, sino de situaciones que comprometen directamente la probidad, respetar la equidad de género, la transparencia y la gobernabilidad comunal. La pregunta de fondo es una sola: ¿será un alcalde que respeta la ley y los dictámenes de Contraloría, o un político que pone las amistades y conveniencias por sobre el interés público? Su legado y su futuro político dependerán de estas decisiones ineludibles.
