Alcalde Benavente cuestionado por dilatar sanciones propuestas por Contraloría
Chillán, Enero de 2025. La Contraloría Regional de Ñuble, mediante Resolución Exenta N° E2421 de fecha 30 de enero, propuso sanciones administrativas contra funcionario de emergencia de la Municipalidad de Chillán, pero hasta ahora las medidas no se han hecho efectivas, lo que ha generado críticas a la gestión del alcalde Camilo Benavente.
El órgano de control instruyó la suspensión por 30 días con rebaja del 30% de remuneraciones para el encargado de la Unidad de Emergencia y Protección Civil, Víctor Fernández Urbina, por irregularidades vinculadas al Memorándum N° 3000/99/2020. Asimismo, ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, al considerar que los hechos podrían revestir carácter de delito cometido por funcionarios públicos .
Sin embargo, pese a la notificación formal de la sanción, Fernández Urbina no ha sido suspendido ni se le ha aplicado el descuento salarial. Según fuentes municipales, Benavente habría utilizado una fórmula habitual para dilatar la ejecución: aceptar el dictamen de Contraloría, pero permitir que el funcionario recurra administrativamente, lo que paraliza el proceso mientras el mismo alcalde resuelve el recurso .
La misma estrategia, advierten, se aplicaría con su ex administrador municipal y hombre de confianza, Richard Guzmán Fernández, respecto de quien la Contraloría propuso la sanción máxima de destitución. Guzmán, además, está siendo investigado por el Ministerio Público en dos causas penales por negociación incompatible .
En el caso de Fernández Urbina, su historial también suma cuestionamientos: mantiene dos sumarios abiertos a cargo del fiscal municipal Daniel Fuentes Almendra y ya fue condenado por el Tribunal Laboral de Chillán por acoso sexual y laboral. Desde el 10 de febrero, la resolución de uno de esos sumarios se encuentra en el despacho del alcalde, sin que exista respuesta .
Frente a este escenario, la presión ahora recae en el Concejo Municipal de Chillán, que deberá ejercer su rol fiscalizador para impedir que maniobras administrativas terminen favoreciendo a cercanos del alcalde.
De acuerdo con Contraloría, en la Municipalidad de Chillán existen más de 50 procesos disciplinarios pendientes, sin avances claros en su tramitación, lo que incrementa las dudas sobre la voluntad del jefe comunal de aplicar sanciones efectivas .
