Alcalde Benavente confirma destitución de funcionario sancionado por acoso sexual tras siete meses de inacción y múltiples sumarios pendientes
Chillán, octubre de 2025. – Luego de más de siete meses de demora, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, confirmó hoy la destitución del funcionario municipal Víctor Fernández Urbina, sancionado por acoso sexual y laboral tras una sentencia firme del Tribunal Laboral de Chillán.
El caso corresponde a la causa T-52-2022, donde la justicia condenó a la Municipalidad de Chillán por vulneración de derechos fundamentales en perjuicio de una funcionaria, acreditando acoso sexual y laboral cometido por Fernández.
A raíz de dicha sentencia, el municipio debió pagar una indemnización de $11.000.000 a la víctima, monto que posteriormente fue cobrado al funcionario. Sin embargo, hasta la fecha Fernández no ha reintegrado esos recursos, generando un perjuicio patrimonial directo a las arcas municipales.
El sumario administrativo interno que determinó la destitución fue concluido y remitido al alcalde el 10 de febrero de 2025, pero recién hoy la autoridad comunal ha hecho efectiva la medida, lo que ha sido cuestionado como un acto de inacción administrativa y posible falta al deber de probidad.
A estos antecedentes se suma que Víctor Fernández mantiene otros tres sumarios pendientes de resolución, entre ellos uno por hurto de combustible. Lo más preocupante, según fuentes internas, es que todos estos procesos disciplinarios han sido instruidos por su compadre, el sociólogo Daniel Fuentes Almendra, quien fue designado como fiscal investigador por el propio alcalde Benavente.
Cabe señalar que Fuentes Almendra también fue el fiscal designado en el denominado “Caso Cero” de las licencias médicas fraudulentas, situación que ha generado dudas sobre la imparcialidad y transparencia de las investigaciones internas en el municipio.
Frente a estos hechos, se ha presentado una denuncia ante la Contraloría Regional de Ñuble solicitando investigar las demoras injustificadas, la eventual falta de independencia en los sumarios, y la responsabilidad administrativa del alcalde por no aplicar oportunamente sanciones ni exigir el reintegro de fondos municipales.
Diversos sectores de la comunidad y del Concejo Municipal han expresado su preocupación por el manejo de este caso, señalando que la falta de celeridad y los vínculos personales entre investigados y fiscales comprometen gravemente la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.
Se exige que estos hechos sean investigados con rigurosidad y que el municipio adopte una política de tolerancia cero ante el acoso sexual, la corrupción y el uso indebido de recursos públicos, garantizando procedimientos transparentes, imparciales y oportunos.
