Despidos masivos en la Municipalidad de Chillán abren dudas sobre la real presentación del presupuesto municipal
Pese a que el alcalde Camilo Benavente había descartado públicamente despidos y llamó a los funcionarios municipales a la tranquilidad, en los últimos días ya se contabilizan más de 50 funcionarios notificados de desvinculación, pertenecientes a distintas direcciones de la Municipalidad de Chillán.
Según los antecedentes conocidos, estas desvinculaciones estarían directamente relacionadas con una sobre ejecución presupuestaria en el ítem de personal, generada principalmente durante el año electoral, periodo en el que se habrían superado ampliamente los cánones habituales de contratación, posicionando a Chillán como la tercera municipalidad del país con mayor cantidad de funcionarios contratados.
En este contexto, surge una interrogante clave que el alcalde debe aclarar públicamente:
¿Cuando el presupuesto municipal fue presentado al Concejo, ya estaban descontados los sueldos de estos funcionarios que hoy están siendo despedidos?
A modo de ejemplo, si se considera la desvinculación de 50 funcionarios con un costo promedio mensual de $600.000, el gasto mensual asociado asciende a $30 millones, lo que proyectado a un año equivale a $360 millones.
La pregunta es inevitable: ¿dónde se inyectarán esos recursos liberados producto de estos despidos?, ¿fueron considerados como “ahorro” al momento de aprobar el presupuesto o se trata de recursos que hoy quedan disponibles sin un destino claramente informado al Concejo ni a la comunidad?
Este escenario no solo evidencia una grave contradicción entre el discurso de tranquilidad entregado a los trabajadores y la realidad de los despidos masivos, sino que además abre dudas fundadas respecto de la transparencia, veracidad y consistencia del presupuesto presentado por la administración municipal, así como de la planificación financiera que se realizó en un año especialmente sensible desde el punto de vista electoral y administrativo.
Distintas voces han señalado que este proceso requiere explicaciones claras, responsables y documentadas, tanto al Concejo Municipal como a la ciudadanía, para evitar que nuevamente sean los trabajadores municipales quienes paguen las consecuencias de una mala gestión y falta de control del gasto en personal.
