La empresa Dimensión S.A., con más de 12 años prestando servicios de recolección de residuos en Chillán, envió una dura presentación al Concejo Municipal acusando una serie de irregularidades en el proceso de licitación del servicio de recolección de basura y denunciando que las bases habrían sido diseñadas de manera “improvisada”, afectando la igualdad entre oferentes y abriendo espacio a un eventual trato directo. 
En la carta firmada por la gerente general de la empresa, Loreto Finsterbusch Rodríguez, Dimensión sostiene que las bases de la licitación ID 1171317-40-LR25 contienen exigencias imposibles de cumplir en los plazos establecidos, especialmente respecto a la adquisición de camiones y equipamiento, lo que habría impedido que empresas con experiencia pudieran participar en igualdad de condiciones.
La empresa además asegura que el municipio modificó de hecho el inicio del contrato vigente, situación que califican como una “grave violación al principio de igualdad de los oferentes”, indicando que las propias bases señalaban expresamente que el nuevo servicio debía comenzar inmediatamente al término del contrato actual. 
Uno de los puntos más delicados de la denuncia apunta a que, tras los reiterados errores en el proceso licitatorio, el municipio habría optado por avanzar hacia un trato directo desde el 1 de julio hasta diciembre de 2026, pese a que —según Dimensión— el nuevo contrato debía iniciar precisamente el 1 de julio de este año. La empresa cuestiona duramente por qué se requeriría un trato directo por seis meses si las propias bases obligaban a comenzar el servicio en esa fecha.
En el documento, Dimensión también pone en duda la capacidad técnica y financiera de las empresas que habrían presentado cotizaciones para el eventual trato directo, señalando que algunas no contarían con la totalidad de los vehículos exigidos y que incluso existirían antecedentes comerciales complejos y morosidades millonarias.
La empresa concluye que las “irregularidades y arbitrariedades están a la vista” y solicita que los antecedentes sean remitidos a la Contraloría y a la Fiscalía, advirtiendo posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del proceso. Además, recalca que no existe justificación para que la Municipalidad de Chillán termine pagando más por un servicio que consideran de menor calidad al actualmente prestado. 
