Alcalde Camilo Benavente busca eludir la justicia y lanza ofensiva judicial contra la Contralora Dorothy Pérez
En una maniobra que profundiza la crisis institucional en la Municipalidad de Chillán, el alcalde Camilo Benavente presentó un recurso de protección contra la Contraloría General de la República, intentando dejar sin efecto la resolución que estableció su responsabilidad administrativa por las graves irregularidades en la compra del inmueble conocido como la “Medialuna”.
Lejos de asumir las conclusiones del principal órgano fiscalizador del Estado, el jefe comunal ha optado por una estrategia de confrontación directa contra la institucionalidad, apuntando ahora a la máxima autoridad de la Contraloría, Dorothy Pérez, en lo que fuentes jurídicas califican como un intento por neutralizar y debilitar el control público.
Una huida hacia adelante
El recurso presentado por Benavente no busca esclarecer los hechos: busca evitar las consecuencias políticas y administrativas de una investigación que lo dejó gravemente expuesto. El propio escrito solicita expresamente que se suspendan los efectos del sumario y del informe de Contraloría para impedir que los antecedentes sean utilizados ante el Tribunal Electoral Regional, una señal inequívoca del temor político que hoy enfrenta el alcalde.
Un patrón de incumplimientos y protección a su círculo cercano
Pero el caso Medialuna no es un hecho aislado. A la fecha, el alcalde no ha cumplido con múltiples resoluciones de la Contraloría, entre ellas:
Las observaciones y órdenes relacionadas con viajes al extranjero realizados con recursos y permisos cuestionados.
Las instrucciones emanadas del órgano fiscalizador respecto a las investigaciones por licencias médicas presuntamente falsas al interior del municipio.
A esto se suma un antecedente aún más grave: la Contraloría mantiene una resolución sancionatoria contra el ex administrador municipal, Richard Guzmán, quien actualmente se encuentra castigado con la pena máxima que contempla la institución, y además está formalizado por la Fiscalía Regional de Ñuble por ocho casos de negociación incompatible, un hecho que instala serias dudas sobre el estándar ético y de control de la administración que encabezó y respaldó Benavente.
Pese a este cúmulo de pronunciamientos y sanciones, la administración municipal no ha ejecutado las medidas correctivas exigidas, consolidando un preocupante patrón de desobediencia institucional, protección a su círculo cercano y debilitamiento del Estado de Derecho a nivel local.
Una ofensiva contra la institucionalidad
En lugar de corregir, el alcalde opta por atacar al ente fiscalizador, intentando instalar la idea de una supuesta ilegalidad en la actuación de la Contraloría, una narrativa que no solo carece de sustento, sino que pone en riesgo la credibilidad de los organismos de control frente a la ciudadanía.
La Medialuna: símbolo de una gestión bajo sospecha
El caso ya había significado para Benavente una suspensión de 30 días decretada por el Tribunal Calificador de Elecciones. Hoy, la nueva resolución de Contraloría reafirma que la compra del inmueble se realizó bajo criterios de mala gestión, falta de control y uso irresponsable de recursos públicos, transformándose en el emblema de una gestión municipal bajo sospecha permanente.
Chillán merece respuestas
Lo que está en juego no es solo el futuro del alcalde, sino el respeto a las instituciones, a la ley y a la transparencia en el ejercicio del poder.
Cuando una autoridad decide judicializar a la Contraloría para evitar sus efectos, mientras mantiene sin cumplir resoluciones, protege a colaboradores hoy sancionados y formalizados, la señal para la democracia local es inequívoca y profundamente peligrosa.
Chillán observa y exige respuestas.
