Contraloría formula reparo por más de $63 millones a la Municipalidad de Chillán por pagos irregulares a honorarios
Chillán, 9 de octubre de 2025. – La Contraloría Regional de Ñuble emitió el Informe Final N° 566 de 2024, donde se acreditan graves irregularidades en la contratación y pago de honorarios en la Municipalidad de Chillán entre 2022 y 2024, involucrando al abogado Gabriel Osorio Vargas y a los comunicadores Rodrigo Osses Pedraza, Felipe Ahumada Jegó y José Acosta Hernández.
El organismo fiscalizador determinó que no existió una adecuada supervisión ni control sobre los contratos, detectando certificados de cumplimiento idénticos, genéricos y sin respaldo documental. Por estas irregularidades, la Contraloría formuló un reparo por $63.312.607, correspondientes a pagos no acreditados por asesorías jurídicas y comunicacionales.
Además, el informe establece que Gabriel Osorio Vargas mantenía contratos paralelos con otros municipios e instituciones públicas, configurando una posible incompatibilidad física y superposición de funciones. También se constató que las labores realizadas correspondían a funciones permanentes del Departamento Jurídico, lo que contraviene la normativa sobre contratación a honorarios.
A ello se suma que el profesional tuvo acceso a preinformes confidenciales del propio órgano fiscalizador, vulnerando las normas de confidencialidad establecidas por la Contraloría General de la República.
Ante estos hechos, el organismo instruyó un sumario administrativo (Decreto Alcaldicio N° 646/2025) para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, ordenando además al municipio adoptar medidas de control y trazabilidad en futuras contrataciones.
Durante la sesión del Concejo Municipal, la concejala Carolina Chávez emplazó al alcalde Camilo Benavente, recordando que “desde hace más de un año venimos advirtiendo las irregularidades en esta contratación y la falta de control en el manejo de los recursos públicos”.
Sin embargo, y en un nuevo acto de poca transparencia, el alcalde Benavente se negó a que el secretario municipal leyera las conclusiones del informe de Contraloría ante el pleno, impidiendo que los concejales y la comunidad conocieran oficialmente el contenido del documento.
Aún más preocupante fue la actitud del alcalde durante la intervención de la concejala, quien —según se pudo constatar— miraba videos en su teléfono celular mientras la edil exponía el contenido del informe.
Cuando fue emplazado directamente por Chávez para referirse a los antecedentes, Benavente no supo de qué se trataba ni respondió al fondo de las observaciones.
“Lo que hoy evidencia este informe no es un error administrativo, sino una forma de operar que elude los principios de probidad y responsabilidad que deben regir en la función pública”, sostuvo la concejala Chávez.
La Contraloría otorgó al municipio un plazo de cinco días hábiles para remitir el sumario y exige acciones correctivas inmediatas para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
