Demanda millonaria, contratos vigentes y defensa compartida: el complejo entramado que rodea al municipio de Chillán
La gestión del alcalde Camilo Benavente está bajo escrutinio tras una serie de hechos que combinan litigio millonario, contratos vigentes con los demandantes y coincidencias legales que cuestionan la transparencia y la probidad de la municipalidad. Tres elementos centrales revelan un entramado que pone en duda la imparcialidad y la fe pública de la administración: la demanda civil por casi tres mil millones de pesos presentada por los hermanos Frías, los contratos activos que mantienen con la misma municipalidad y la coincidencia de abogado entre los demandantes y el propio alcalde en causas judiciales relacionadas con presuntos delitos contra la administración pública.
Los hermanos Frías demandan a la municipalidad por $2.960.246.411, derivado de la operación del corralón municipal durante más de una década. La causa, caratulada “Frías con Ilustre Municipalidad de Chillán”, por resolución de contrato con indemnización de perjuicios y, en subsidio, enriquecimiento injustificado, se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Chile bajo el Rol N° 26.978-2024. El monto y la duración del litigio convierten este caso en un asunto de gravedad institucional inusual, que coloca a la administración en el centro de la atención pública.
Fuentes internas del municipio confirman que Manuel Frías habría contactado al grupo musical de “La Noche de Chillán” incluso antes de la publicación formal de la licitación, percibiendo por ello aproximadamente tres millones de pesos, mientras su hermano, funcionario de la Corporación del Teatro Municipal, recibe cerca de 2,5 millones. Que los demandantes mantengan contratos activos con la municipalidad que los enfrenta judicialmente constituye un conflicto de interés evidente y grave, que interfiere directamente en la percepción de imparcialidad de la gestión.
El propio Frías había declarado su inhabilitación por conflicto de intereses en la licitación del Festival del Folclore, y los proveedores de aquel proceso son los mismos que participan actualmente en “La Noche de Chillán”. Este antecedente evidencia que las decisiones actuales se producen en un contexto donde ya existían señales claras de conflicto de interés y riesgo de falta a la probidad administrativa.
A esto se suma la coincidencia legal: el abogado que representa a los hermanos Frías en la demanda millonaria también defiende al alcalde Camilo Benavente en una querella criminal presentada por los ex concejales Josepth Careaga y Juan Pablo López por eventuales delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, con un perjuicio para la municipalidad que supera los 4 mil millones de pesos. Esta situación une a quienes demandan al municipio con la máxima autoridad de la institución, cuestionando la independencia de la gestión y generando dudas sobre la confianza que los ciudadanos pueden depositar en sus decisiones.
El entramado se amplía con los vínculos familiares en la administración. Los hermanos Frías serían concuñados de la administradora municipal, Roxana Lizama, y existen múltiples grupos familiares que conviven laboralmente en la estructura municipal, incluyendo a los hermanos Guzmán, los hermanos Araya, las hermanas Ceballos, Roberto Mellado y su padre, actual Director del Cementerio Municipal, junto a su cónyuge, Leonardo Guajardo y su esposa, Directora del Cesfam San Ramón Nonato, y familiares de Eduardo Peña. Estas relaciones cruzadas, combinadas con contratos activos y litigios millonarios, configuran un conflicto de interés directo y afectan la probidad administrativa, reforzando la percepción de decisiones influenciadas por lazos familiares más que por criterios de gestión.
La acumulación de estos hechos coloca a la administración de Camilo Benavente en un momento crítico. Cada vínculo cruzado, cada remuneración y cada decisión administrativa están bajo el escrutinio público. No se trata de cuestionar legalidades aisladas: se trata de una estructura de relaciones y contratos que compromete directamente la fe pública. Este conjunto de antecedentes representa un nuevo punto de inflexión en la gestión de Benavente, capaz de complicar aún más su administración y marcar un antes y un después en la percepción de transparencia en Chillán, la discusión apenas comienza.
