Negligencia administrativa del alcalde Benavente expone al municipio en contratos millonarios
Un nuevo antecedente vuelve a encender las alertas sobre la forma en que el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, y su equipo han administrado algunos de los contratos más relevantes y onerosos del municipio. Esta vez, el foco está puesto en el retiro irregular de un oficio que ya se encontraba aprobado tácitamente, conforme a la ley, por el solo transcurso de los plazos legales sin pronunciamiento del Concejo Municipal producto de la no entrega de los antecedentes a los concejales.
Se trata del Oficio N°4.971, vinculado a la transacción extrajudicial y adecuación del contrato de concesión de las Termas de Chillán, uno de los activos estratégicos más importantes de la comuna. El documento fue ingresado al Concejo Municipal en septiembre de 2025 y, al no ser votado dentro del plazo legal de 20 días establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, quedó aprobado tácitamente. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, el alcalde Benavente retiró unilateralmente el oficio, pese a que jurídicamente ya había producido efectos.
Distintos pronunciamientos de Contraloría son claros en señalar que una vez ingresado un asunto a la tabla y notificada la citación al Concejo, el alcalde no puede retirarlo discrecionalmente, menos aún cuando ya se han cumplido los plazos que la ley fija para su resolución. Esta actuación no solo es improcedente, sino que configura un desorden administrativo grave, cuyas consecuencias hoy intenta corregir la actual administración reingresando el mismo oficio.
Lo más preocupante es que este no sería un hecho aislado. Según antecedentes conocidos por el Concejo, una situación similar se habría producido en otro de los contratos más costosos para el municipio: el cuestionado contrato de áreas verdes con la empresa Parques Johnson, donde también se han detectado falencias en la gestión, falta de control efectivo y decisiones adoptadas con información incompleta.
Desde el Concejo se advierte que estas prácticas revelan negligencia en el ejercicio del rol administrativo y de dirección superior del municipio, exponiendo a Chillán a riesgos jurídicos, financieros y patrimoniales innecesarios. Asimismo, se cuestiona que hoy se pretenda trasladar responsabilidades al Concejo Municipal, cuando fue la propia administración la que no entregó oportunamente los antecedentes requeridos para una votación informada.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de mayor rigor, transparencia y responsabilidad en la gestión de contratos millonarios, especialmente aquellos que comprometen recursos públicos y el patrimonio de todos los chillanejos.
