Protegido hasta el final: el hombre de confianza de Camilo Benavente costó cerca de $40 millones al municipio mientras se investigaban graves faltas a la probidad
La caída de Richard Guzmán Fernández, ex Administrador Municipal de Chillán, no solo expone un grave caso de infracciones a la probidad administrativa y una arista penal en expansión.
También deja al descubierto un costo económico directo para el municipio, asumido mientras el alcalde Camilo Benavente optó por proteger a su principal colaborador, pese a conocer anticipadamente la gravedad de los hechos investigados.
Un funcionario destituido… pero pagado hasta el último día
Entre mayo de 2024 y mediados de enero de 2025, período en que Guzmán ya se encontraba formalmente cuestionado, suspendido y sometido a un sumario administrativo instruido por la Contraloría, el ex Administrador Municipal continuó recibiendo remuneraciones y bonos asociados al PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión).
De acuerdo a estimaciones conservadoras, el municipio desembolsó cerca de $40 millones en sueldos y bonos durante esos meses, recursos públicos que fueron pagados mientras avanzaban investigaciones administrativas y penales por hechos calificados posteriormente como graves infracciones a la probidad.
Nada de esto fue inevitable.
Todo ocurrió porque el alcalde Camilo Benavente decidió no pedir la renuncia de su hombre de confianza.
Protección política, no desconocimiento
Uno de los elementos más delicados del caso es que el alcalde no puede alegar desconocimiento.
Camilo Benavente tuvo acceso al preinforme de Contraloría y conocía la existencia y contenido del sumario administrativo mucho antes de que Guzmán presentara su renuncia.
Es decir, el jefe comunal sabía que los antecedentes eran graves, sabía que existían conflictos de interés reiterados, y aun así mantuvo en la estructura municipal —y con remuneraciones íntegras— a su principal operador administrativo.
La protección no fue pasiva:
cuando la Contraloría propuso la destitución, la administración municipal intentó rebajar la sanción, maniobra que fue duramente rechazada por el órgano contralor.
Un cargo clave, una responsabilidad mayor
Richard Guzmán no era un funcionario menor.
Como Administrador Municipal, ejercía un cargo de exclusiva confianza del alcalde, con control sobre personal, contrataciones, renovaciones de contrata y decisiones estratégicas del municipio.
El sumario acreditó que desde esa posición benefició a su socio comercial, a familiares de este y a su pareja afectiva, mediante actos administrativos reiterados entre 2021 y 2024.
La Contraloría fue categórica:
no existía margen para atenuantes, discrecionalidad ni rebajas.
La única sanción procedente era la destitución, la cual además impide el reingreso a la Administración del Estado, por afectar el piso mínimo de idoneidad moral.
La arista penal avanza mientras el municipio paga la cuenta
Mientras el municipio financiaba sueldos y bonos, la arista penal no se detenía.
El Juzgado de Garantía de Chillán acogió la ampliación de la querella del Consejo de Defensa del Estado, profundizando la investigación por negociaciones incompatibles reiteradas, con nuevos hechos incorporados.
La coincidencia no es menor:
los mismos antecedentes que sustentan la destitución administrativa son hoy la base de la persecución penal.
La responsabilidad política que nadie asume
El caso deja una pregunta incómoda pero inevitable:
¿por qué el alcalde Camilo Benavente decidió sostener política y administrativamente a un funcionario que ya estaba seriamente comprometido, permitiendo que el municipio pagara cerca de $40 millones mientras avanzaban investigaciones por probidad?
La destitución cerró la vía administrativa.
Pero el daño político y financiero ya está hecho, y la arista penal continúa abierta.
Un patrón que queda expuesto
Lo ocurrido con Richard Guzmán Fernández no es un error aislado, sino la expresión de un estilo de conducción, donde la lealtad personal pesó más que la probidad, los controles y el resguardo de los recursos públicos.
Hoy, el hombre fuerte del alcalde está destituido.
Mañana, la investigación penal podría seguir escalando.
Y en el centro del caso permanece una certeza:
Camilo Benavente supo, protegió y permitió que el municipio pagara el costo.
