La causa judicial que involucra al ex administrador municipal de Chillán, una de las principales autoridades de confianza del alcalde Camilo Benavente, volvió a generar repercusiones políticas y administrativas luego de que, en una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público ofreciera un procedimiento abreviado por los ocho delitos de negociación incompatible que se le imputan.
La propuesta de la Fiscalía contempla una condena de 541 días de presidio, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de casi $30 millones en multas, lo que refleja la gravedad de los hechos investigados.
Sin embargo, el impacto del caso trasciende el ámbito penal. En paralelo existe un procedimiento administrativo instruido por la Contraloría General de la República que propone una sanción de cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos respecto del ex administrador municipal. Hasta ahora, dicho proceso no ha concluido.
La demora en la resolución de ese sumario ha abierto cuestionamientos en el ámbito político y administrativo, considerando que el ex administrador fue uno de los colaboradores más cercanos del alcalde Benavente y una figura clave en la conducción del municipio durante gran parte de su gestión.
Durante diversas sesiones de concejo municipal, concejales han consultado al alcalde Camilo Benavente por la dictación del decreto alcaldicio destinado a materializar la sanción propuesta por la Contraloría General de la República. No obstante, hasta la fecha dicho acto administrativo no ha sido dictado, situación que ha generado críticas y cuestionamientos respecto de las razones de esta demora.
Desde algunos sectores se ha planteado que la prolongación de esta decisión podría eventualmente entrar en tensión con el principio de probidad administrativa, en la medida en que la autoridad debe actuar con estricto apego a la legalidad, oportunidad y resguardo del interés público. Corresponderá a los organismos competentes determinar si existe o no alguna responsabilidad derivada de esta situación.
El desenlace de ambas causas podría tener consecuencias que van más allá de la responsabilidad individual del ex administrador, ya que también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno, la responsabilidad política de las autoridades y los estándares de probidad que deben regir la administración municipal.
Con el avance de la investigación penal y el eventual cierre del procedimiento abreviado, también aumentan las expectativas respecto de la definición del sumario administrativo, cuya resolución continúa pendiente y sigue siendo observada por distintos actores políticos y ciudadanos.
