Con anuncios, ceremonias y discursos sobre el combate a la delincuencia se presentó como una de las inversiones más importantes para Ñuble el nuevo Complejo Policial de la PDI en Chillán. Sin embargo, la realidad dista bastante de aquellas promesas: la obra continúa estancada en la etapa de licitación y, hasta ahora, no existe una fecha clara para el inicio de su construcción.
El proyecto considera una inversión cercana a los $30 mil millones y un plazo de ejecución de 24 meses, transformándose en una de las iniciativas de infraestructura pública más relevantes para la región. Pese a ello, la tramitación administrativa sigue prolongándose, alimentando la sensación de que nuevamente la burocracia y la falta de voluntad política terminan imponiéndose sobre las necesidades reales de la ciudadanía.
Resulta difícil entender cómo, mientras el Gobierno insiste en que la seguridad es una de sus principales prioridades, una obra destinada precisamente a fortalecer las capacidades de investigación criminal permanece detenida. La delincuencia no espera los tiempos administrativos, y las regiones tampoco deberían seguir esperando decisiones que debieron haberse adoptado hace meses.
Pero el impacto va mucho más allá de la seguridad. El inicio de estas obras significaría un importante impulso para la economía regional, con la generación estimada de 300 empleos directos y más de 250 empleos indirectos, en momentos en que Ñuble enfrenta un complejo escenario laboral tras el cierre y reducción de operaciones de importantes empresas, entre ellas Iansa.
Cada mes que pasa sin que las faenas comiencen representa una doble pérdida para la región: por una parte, la PDI continúa desarrollando su labor en infraestructura que hace años requiere ser modernizada; y por otra, cientos de familias siguen esperando oportunidades laborales que podrían surgir gracias a este proyecto.
Las grandes inversiones públicas no pueden transformarse únicamente en titulares de prensa o en anuncios para la fotografía. Requieren decisión, gestión y capacidad para destrabar los procesos cuando estos se prolongan injustificadamente.
Si realmente la seguridad es una prioridad para el país, también debe serlo para quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las obras que la fortalecen. Ñuble necesita menos anuncios y más resultados. Hoy, acelerar el Complejo Policial de la PDI no es solo una cuestión administrativa: es una señal concreta de compromiso con la seguridad, el empleo y el desarrollo regional.
