La Municipalidad de Chillán enfrenta una nueva controversia luego de que el alcalde Camilo Benavente no diera cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría Regional de Ñuble mediante el oficio E143509, de 25 de agosto de 2025, en el cual el organismo fiscalizador reconsideró un pronunciamiento anterior y concluyó que no correspondía el cobro de patente municipal a la empresa Alimentos y Frutos S.A. (ALIFRUT), al establecer que desde el 1 de junio de 2020 la sociedad dejó de ejercer actividades económicas en la comuna de Chillán.
En dicho pronunciamiento, la Contraloría fue categórica al señalar que, al no existir actividad económica efectivamente desarrollada por la empresa en Chillán, no se cumplían los requisitos legales para exigir el pago de patente municipal, ordenando además a la Municipalidad regularizar la situación, considerando para ello los plazos de prescripción establecidos en el artículo 2515 del Código Civil.
Pese a ello, la Municipalidad de Chillán no habría dado cumplimiento a lo resuelto por el órgano contralor, manteniendo los recursos percibidos por concepto de patente, a pesar de que la propia Contraloría determinó que dicho cobro no era procedente.
La obligatoriedad de cumplir los dictámenes y oficios de la Contraloría respecto de los órganos sometidos a su fiscalización encuentra fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República, en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en los artículos 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República. Asimismo, la jurisprudencia administrativa del propio organismo ha establecido que el incumplimiento de estos pronunciamientos constituye una infracción a los deberes funcionarios y puede comprometer la responsabilidad administrativa de la autoridad, conforme, entre otros, al dictamen N° 14.283, de 2009.
Demanda por más de $739 millones
Ante la falta de restitución de los montos pagados indebidamente, la abogada María José Berger García, en representación de Alimentos y Frutos S.A., interpuso una demanda ordinaria de restitución o repetición de pago de lo no debido en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán.
La acción judicial fue presentada ante el Segundo Juzgado Civil de Chillán, bajo el Rol C-172-2026, y solicita la restitución de $739.730.520, más los reajustes, intereses y costas que determine el tribunal.
De prosperar la demanda, el costo para las arcas municipales podría incrementarse considerablemente debido a la aplicación de reajustes, intereses y costas procesales, recursos que finalmente deberán ser financiados con el patrimonio municipal.
Interrogantes de interés público
Este caso abre una serie de preguntas que la autoridad comunal deberá responder ante la ciudadanía:
- ¿Por qué el alcalde Camilo Benavente no ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría Regional de Ñuble?
- ¿Quién responderá por los intereses, reajustes y costas que eventualmente deberá pagar la Municipalidad si prospera la demanda por $739.730.520?
- ¿Por qué esta situación no fue informada oportunamente al Honorable Concejo Municipal, considerando el importante impacto económico que podría generar para el patrimonio municipal?
- Finalmente, surge una última interrogante: ¿la Municipalidad de Chillán no cuenta con los recursos para restituir los $739.730.520 que, conforme al pronunciamiento de la Contraloría Regional de Ñuble, no correspondía cobrar a la empresa Alimentos y Frutos S.A., o existen otras razones que expliquen la negativa del alcalde Camilo Benavente a regularizar esta situación y evitar que el monto siga aumentando con reajustes, intereses y costas judiciales?
El caso vuelve a poner en el centro del debate el deber de las autoridades de cumplir los pronunciamientos obligatorios de la Contraloría General de la República, especialmente cuando su incumplimiento puede derivar en un perjuicio económico para el municipio y, en definitiva, para todos los vecinos de Chillán.
