El alcalde de Chillán, Camilo Benavente Jiménez, deberá comparecer el próximo 16 de octubre de 2026, a las 08:40 horas, ante el Juzgado de Garantía de Chillán, luego que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público y fijara audiencia de formalización por el presunto delito de fraude al Fisco.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Local de Chillán, atribuye al jefe comunal participación en calidad de autor por hechos vinculados a la compra del inmueble conocido como la Medialuna de Chillán, ocurridos durante 2021.
¿Qué arriesga el alcalde?
El delito de fraude al Fisco, previsto en el artículo 239 del Código Penal, sanciona al funcionario público que, abusando de su cargo, causa un perjuicio económico al patrimonio del Estado.
En este caso, la pena puede ir desde los 5 años y un día hasta los 15 años de presidio, dependiendo del monto del perjuicio fiscal y de las circunstancias que se acrediten durante el juicio. A ello pueden sumarse multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de las responsabilidades civiles que correspondan.
El rol pendiente del Concejo Municipal
La formalización también vuelve a poner el foco sobre una actuación que, hasta ahora, sigue pendiente.
En una resolución dictada por la Contraloría General de la República, el organismo explicó que no tiene facultades para sancionar administrativamente a un alcalde, por lo que, cuando detecta antecedentes que podrían comprometer su responsabilidad, debe remitirlos al Concejo Municipal para que éste ejerza las atribuciones que le entrega la ley, particularmente las contempladas en el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
En otras palabras, la Contraloría dejó radicada en el Concejo Municipal la responsabilidad de evaluar esos antecedentes y resolver si correspondía ejercer las acciones legales destinadas a solicitar la cesación en el cargo del alcalde, conforme a las facultades que la ley entrega a ese órgano colegiado.
Sin embargo, han transcurrido varios meses desde esa resolución y, hasta la fecha, los seis concejales de oposición no han ejercido esa facultad ni han promovido la acción correspondiente, pese a que la Contraloría remitió los antecedentes precisamente para que el Concejo adoptara una decisión dentro de sus competencias.
La formalización
La audiencia del 16 de octubre corresponde a la formalización de la investigación. En esa instancia, la Fiscalía comunicará oficialmente al alcalde los hechos que le atribuye y el delito por el cual será investigado, además por la gravedad del delito y la prognosis de la pena se le solicitarán medidas cautelares acorde al delito investigado.
