La visita de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género a la Región de Ñuble pretendía instalar la agenda del Gobierno en materias de género y equidad. Sin embargo, el resultado político terminó siendo muy distinto: las actividades quedaron opacadas por cuestionamientos a la organización de la gira, la ausencia de autoridades electas, el malestar de medios de comunicación y la falta de respuestas sobre casos que hoy generan preocupación en la región.
Uno de los principales focos de crítica fue la forma en que se distribuyeron las invitaciones a las actividades oficiales. Parlamentarios manifestaron su molestia por no haber sido convocados o por haber recibido invitaciones cuando la programación ya estaba definida, lo que hizo imposible su participación.
De acuerdo con antecedentes recogidos por este medio, la única parlamentaria que habría recibido una invitación formal desde la organización ministerial fue la diputada Sara Concha. En tanto, distintas fuentes señalan que el diputado Chandía habría participado en algunas actividades gracias a invitaciones efectuadas por municipios anfitriones y no por la coordinación oficial del ministerio.
Las críticas apuntan directamente a la gestión de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Ñuble, María José Pérez. Diversos actores políticos sostienen que una visita ministerial de esta naturaleza debió considerar una convocatoria institucional, transversal y oportuna a todas las autoridades democráticamente electas de la región, evitando cualquier percepción de exclusión.
Pero ese no fue el único flanco.
Durante su permanencia en Ñuble, la ministra tampoco realizó declaraciones respecto de la denuncia que involucra al Seremi de Economía de la región en el marco de la Ley Karin, pese al interés periodístico y público que existe sobre ese caso.
A ello se suma otro elemento que también fue observado por distintos actores regionales: la ausencia de un pronunciamiento respecto de alcaldes que enfrentan denuncias de gravedad relacionadas con mujeres, entre ellos los jefes comunales de Chillán, Chillán Viejo y Coihueco. Si bien los casos corresponden a situaciones distintas y se encuentran en diferentes etapas, algunos sectores esperaban una señal política de la autoridad respecto de hechos que han generado preocupación en la opinión pública.
La relación con la prensa tampoco estuvo exenta de dificultades. Locutores de radios locales señalaron que la Seremi coordinó entrevistas con la ministra, reservando horarios específicos para su realización. Sin embargo, esas entrevistas finalmente fueron suspendidas sin una explicación oportuna, provocando molestias entre los medios afectados, que habían destinado recursos humanos y tiempo para cubrir la visita oficial.
Todo esto ocurre en un momento particularmente complejo para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cartera que en las últimas semanas ha debido enfrentar cuestionamientos derivados de denuncias laborales y administrativas conocidas públicamente, además de un escenario político adverso que ha impactado la evaluación de la gestión ministerial.
En ese contexto, lo ocurrido en Ñuble vuelve a instalar un debate que trasciende una simple agenda protocolar. Para diversos actores políticos consultados, una visita ministerial no solo debe servir para difundir políticas públicas, sino también para fortalecer el diálogo institucional, garantizar un trato equitativo hacia las autoridades democráticamente electas, responder las preguntas de la prensa y entregar señales claras frente a situaciones de interés público.
Hasta el cierre de esta edición, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Ñuble no había emitido una respuesta pública sobre los cuestionamientos relacionados con la organización de la visita, los criterios utilizados para cursar las invitaciones, las entrevistas suspendidas con medios regionales ni respecto de las críticas surgidas por la ausencia de pronunciamientos sobre los casos que actualmente concentran la atención pública en la región.
