Una nueva controversia enfrenta la Municipalidad de Chillán Viejo luego que la empresa Núcleo Paisajismo SpA presentara una acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública para dejar sin efecto la adjudicación de la licitación por más de $3.390 millones destinada al servicio de mantención de áreas verdes, parques, jardines y arbolado de la comuna.
La acción judicial apunta directamente contra el Acta de Evaluación y el Decreto Alcaldicio N°4099, mediante los cuales el municipio adjudicó el contrato a la empresa LIMTEC SpA, acusando que el proceso vulneró las bases administrativas, la Ley de Compras Públicas y su reglamento.
Según la demanda, el principal cuestionamiento radica en que la empresa adjudicada no habría acreditado la experiencia específica en manejo de arbolado exigida por las bases de licitación, requisito considerado esencial para ejecutar un contrato que contempla poda, trasplante, manejo y control fitosanitario de árboles urbanos y rurales.
Pese a ello, la Comisión Evaluadora le otorgó el puntaje máximo en el criterio de experiencia, lo que —a juicio del demandante— alteró el resultado final de la evaluación y favoreció indebidamente al adjudicatario.
La presentación judicial también denuncia otra situación que considera especialmente grave. El Acta de Evaluación señala expresamente que no existieron observaciones durante la apertura de las ofertas, sin embargo, la empresa sostiene que en el propio portal Mercado Público constan observaciones formuladas por distintos oferentes, incluyendo cuestionamientos dirigidos precisamente a la experiencia acreditada por LIMTEC. Dichas observaciones, aseguran, nunca fueron analizadas ni respondidas por la comisión evaluadora.
En la impugnación se sostiene que la Municipalidad infringió principios fundamentales de la contratación pública, entre ellos la igualdad entre los oferentes, la estricta sujeción a las bases, la objetividad de la evaluación y la transparencia del procedimiento, solicitando al Tribunal declarar ilegal la adjudicación y retrotraer el proceso para que una nueva comisión vuelva a evaluar las ofertas.
Como medida urgente, la empresa también pidió la suspensión inmediata de los efectos de la adjudicación, con el objetivo de impedir que continúe la ejecución del contrato mientras el Tribunal resuelve el fondo del conflicto.
De acogerse la acción, el proceso licitatorio podría volver a la etapa de evaluación, obligando al municipio a revisar nuevamente las ofertas presentadas y reabrir una licitación que ya enfrenta un complejo escenario judicial.
