La Municipalidad de Chillán contrató al abogado William García Machmar, ex jefe de la División Jurídico-Legislativa de la SEGPRES durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, para asumir la defensa de una causa específica ante el Tribunal de Contratación Pública, en una contratación que bordea los $12 millones brutos y que vuelve a instalar fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Dirección Jurídica municipal.
El contrato, firmado el 19 de mayo de 2026 por el alcalde Camilo Benavente, establece un pago estimado de 250 UF, equivalentes a $11.899.957 brutos, para representar al municipio en la causa “Miguel Ángel Zerené Farah con Ilustre Municipalidad de Chillán”.
La contratación de un abogado externo desde Santiago abre nuevamente el debate respecto a qué labor están realizando los más de 30 abogados que hoy mantiene la Municipalidad de Chillán bajo la administración del alcalde Benavente y la dirección jurídica encabezada por Ricardo Betancourt Solar, ex contralor regional de La Araucanía, Biobío y Valparaíso.
Las críticas aumentan considerando los innumerables juicios en que el municipio ha sufrido graves derrotas procesales, incluyendo causas terminadas por abandono de procedimiento, situación que ocurre cuando durante más de seis meses no se realiza ninguna gestión útil en el juicio por parte de los abogados municipales.
A ello se suman casos donde los tribunales han declarado prescritas acciones de cobro municipales por no haber sido ejercidas dentro del plazo legal de tres años, generando un evidente perjuicio patrimonial para la Municipalidad y, en definitiva, para todos los vecinos de Chillán.
La situación genera una pregunta inevitable: ¿qué trabajo están realizando realmente los más de 30 abogados municipales si la administración termina contratando abogados externos millonarios para defender causas específicas, mientras además se pierden juicios por inactividad, negligencia procesal o falta de gestión oportuna?
El contrato además contempla pagos por distintos hitos procesales, incluyendo apelaciones y recursos eventuales, aumentando el costo final dependiendo del desarrollo de la causa.
