Denuncia destapa eventual trato directo para empresa que busca adjudicarse contrato de basura por más de $35.000 millones en Chillán
Concejales conocieron la alternativa solo después de cuestionamientos por cotizaciones previas al cierre del proceso. La licitación compromete más de $35.000 millones de recursos municipales y abre un debate sobre el cumplimiento de los principios que rigen las compras públicas.
Una denuncia presentada durante el proceso de licitación del servicio de recolección y gestión de residuos domiciliarios de Chillán terminó revelando un antecedente que hasta ahora no había sido informado al Concejo Municipal ni a la comunidad: la posibilidad de que la Municipalidad recurra a un trato directo para mantener el servicio mientras la empresa adjudicataria implementa su operación.
El hecho cobra especial relevancia porque la licitación fue diseñada bajo el supuesto de que el nuevo servicio comenzaría el 1 de julio de 2026, inmediatamente después del término del actual contrato.
Sin embargo, antecedentes contenidos en informes municipales y observaciones formuladas durante el proceso evidencian que la empresa que aparece mejor posicionada para adjudicarse el contrato requeriría varios meses para adquirir camiones, equipamiento, infraestructura y personal necesario para cumplir con las exigencias establecidas en las propias bases de licitación.
La situación salió a la luz luego que se cuestionara la existencia de cotizaciones con fechas anteriores al cierre del proceso licitatorio, antecedentes que motivaron denuncias y encendieron las alarmas respecto de la capacidad real de iniciar el servicio en la fecha comprometida.
Fue precisamente a partir de esas observaciones que comenzó a surgir una alternativa que hasta entonces no había sido transparentada en la discusión pública: la utilización de un trato directo para cubrir el período de transición mientras la empresa adjudicataria se pone en condiciones de operar.
EL INFORME QUE ABRIÓ LA POLÉMICA
Los antecedentes analizados establecen que la implementación total del servicio podría extenderse hasta por 175 días entre firma de contrato, entrega de documentación, aprobación de planes operativos y puesta en marcha efectiva.
En términos prácticos, ello significa que una adjudicación realizada durante junio podría derivar en que el servicio comience efectivamente recién en diciembre de 2026.
Para los críticos del proceso, el problema no radica únicamente en la demora, sino en que la administración municipal habría mantenido fuera del debate público la posibilidad de recurrir a un trato directo para cubrir ese período.
Más aún, diversos actores sostienen que el Concejo Municipal solo tomó conocimiento de esta eventual alternativa luego de las denuncias formuladas durante la revisión de los antecedentes, pese a que la licitación se estructuró originalmente bajo el supuesto de un inicio inmediato del servicio una vez terminado el contrato vigente.
La controversia es aún mayor considerando que la licitación supera los $35.000 millones durante la vigencia del contrato, convirtiéndose en una de las adjudicaciones más relevantes desde el punto de vista financiero para la Municipalidad de Chillán y para los contribuyentes de la comuna.
LAS DUDAS SOBRE LOS PRINCIPIOS DE COMPRAS PÚBLICAS
Jurídicamente, los cuestionamientos apuntan a dos principios fundamentales que rigen toda contratación pública.
Igualdad de los oferentes
El primero corresponde al principio de igualdad entre los oferentes.
Todas las empresas que participaron en la licitación elaboraron sus propuestas bajo una misma condición: que el servicio debía comenzar una vez finalizado el contrato vigente.
Si posteriormente se permite que la empresa adjudicataria disponga de varios meses adicionales mediante un trato directo para adquirir camiones, contratar personal o implementar infraestructura, surge la interrogante respecto de si todos los competidores participaron efectivamente bajo las mismas condiciones.
Diversos actores sostienen que modificar de hecho una condición esencial del contrato después de conocida la oferta económica podría alterar la igualdad que debe existir entre todos los participantes.
Estricta sujeción a las bases
El segundo principio cuestionado es el de estricta sujeción a las bases.
Este principio obliga tanto a la administración como a los oferentes a respetar íntegramente las reglas fijadas en las bases administrativas y técnicas.
Para los críticos, si la licitación fue diseñada sobre la premisa de iniciar operaciones el 1 de julio de 2026 y posteriormente se construye una fórmula para postergar ese inicio mediante un trato directo, se estaría alterando una condición relevante que pudo influir en la formulación de las ofertas y en la participación de los competidores.
EL FACTOR COIHUECO
La controversia también tiene una dimensión política.
La empresa que aparece vinculada al proceso tiene origen en la comuna de Coihueco, misma comuna de donde proviene el ex administrador municipal de Chillán.
Lo anterior ocurre mientras la Municipalidad aún no materializa la notificación de la sanción aplicada por Contraloría al ex administrador municipal, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años por ocho infracciones constitutivas de negociación incompatible y además enfrenta una causa penal relacionada con los mismos hechos.
Si bien no existe un antecedente oficial que vincule ambos hechos, diversos concejales y actores políticos han planteado que la situación exige los más altos estándares de transparencia debido al volumen de recursos involucrados y a los cuestionamientos que ya arrastra el proceso.
LA PREGUNTA DE FONDO
Más allá de las interpretaciones jurídicas, la pregunta que hoy surge con fuerza es una sola:
Si la empresa necesitaba varios meses adicionales para adquirir camiones, equipamiento e implementar la operación, ¿cómo se compatibiliza aquello con una licitación que exigía iniciar el servicio inmediatamente después del término del contrato vigente?
Y si esa dificultad era conocida, ¿por qué el Concejo Municipal solo se enteró de la eventual alternativa del trato directo después de una denuncia y no durante la discusión original de la licitación?
Son interrogantes que la administración municipal deberá responder en un proceso que, lejos de despejar dudas, parece sumar nuevas preguntas sobre transparencia, planificación, igualdad de los oferentes y resguardo de los recursos públicos de los chillanejos.
Porque cuando están en juego más de $35.000 millones de recursos municipales, la transparencia no es una opción: es una obligación.
