La sesión extraordinaria de este jueves terminó marcando un punto de inflexión en la polémica licitación del servicio de recolección de residuos domiciliarios de Chillán. Si bien el Concejo Municipal terminó aprobando un trato directo por 12 meses para asegurar la continuidad del servicio, la administración del alcalde Camilo Benavente debió modificar completamente la estrategia que llevaba preparada.
Lo que inicialmente se presentaba como una aprobación prácticamente administrativa terminó transformándose en un duro cuestionamiento político y técnico a la gestión municipal. La presión ejercida por los concejales obligó a la administración a reconocer que la situación se originó por una deficiente planificación del proceso licitatorio, debiendo asumir la responsabilidad por no haber desarrollado oportunamente un proceso ajustado a los tiempos y exigencias que requería un contrato de esta magnitud.
Como consecuencia de ese debate, el municipio debió retirar y modificar el oficio originalmente presentado al Concejo, incorporar un nuevo pronunciamiento jurídico y reformular los fundamentos del trato directo, reconociendo que el proceso de licitación no fue llevado en tiempo y forma.
Uno de los aspectos que quedó nuevamente en evidencia fue el cuestionado rol de coordinación de la administradora municipal, Roxana Lizama, entre las direcciones de Secpla y Medio Ambiente, unidades que tuvieron a su cargo el desarrollo del proceso licitatorio. Precisamente, durante la sesión de Concejo de la semana anterior, y en respuesta a un emplazamiento de la concejala Carolina Chávez, el propio alcalde Camilo Benavente reconoció que la administradora municipal era la responsable de coordinar este proceso y del conjunto de errores que terminaron afectando la licitación, declaración que hoy adquiere especial relevancia considerando que el municipio finalmente debió abandonar el camino inicialmente diseñado y recurrir a un trato directo.
Finalmente, el Concejo aprobó un trato directo por un plazo de 12 meses, periodo que deberá ser utilizado para elaborar nuevas bases administrativas que permitan desarrollar una licitación transparente, técnicamente sólida y acorde con las necesidades de la capital regional, resguardando por sobre todo los recursos públicos y los intereses de los vecinos de Chillán.
El debate también volvió a instalar las dudas sobre el proceso licitatorio anterior, luego de que distintos antecedentes conocidos durante las últimas semanas dieran cuenta de observaciones realizadas por la Dirección de Control Municipal, cuestionamientos de empresas participantes y denuncias respecto de eventuales vulneraciones a principios esenciales de la contratación pública, como la igualdad entre oferentes y la estricta sujeción a las bases.
A ello se suma que diversas voces han planteado interrogantes respecto de un eventual favorecimiento a una empresa con origen en Coihueco, comuna desde la cual proviene un número importante de contrataciones efectuadas durante la actual administración municipal. Esa situación ha generado un intenso debate político debido a la vinculación territorial con el ex administrador municipal Richard Guzmán, actualmente formalizado por ocho delitos de negociación incompatible.
La aprobación del trato directo garantiza la continuidad del servicio de recolección de residuos domiciliarios, pero al mismo tiempo deja un mensaje político claro: el Concejo no aceptó que la administración simplemente trasladara la responsabilidad de la fallida licitación a factores externos y la obligó a reconocer públicamente las deficiencias de planificación y coordinación que terminaron frustrando uno de los contratos más importantes del municipio, superior a los $35 mil millones.
Los próximos 12 meses serán decisivos para determinar si la Municipalidad de Chillán es capaz de construir un nuevo proceso licitatorio transparente, competitivo y libre de cuestionamientos, evitando repetir una controversia que ha tensionado la relación entre el Concejo y la administración durante gran parte del último año.
