La Municipalidad de Chillán vuelve a quedar en el centro de la controversia luego que el alcalde Camilo Benavente dictara un nuevo decreto mediante el cual, por segunda vez, intenta dejar sin efecto la destitución del exadministrador municipal Richard Guzmán Fernández, reemplazándola por una suspensión de tres meses con el 50% de sus remuneraciones. La decisión se produce pese a que la Contraloría General de la República sostuvo que, atendida la gravedad de los hechos acreditados en el sumario administrativo, correspondía aplicar la máxima sanción disciplinaria contemplada en la ley: la destitución.
No es la primera vez que el alcalde adopta esta postura. En 2025 ya había dictado un decreto rebajando la sanción propuesta por la Contraloría, el cual fue representado por el organismo fiscalizador, que insistió en que la gravedad de las infracciones al principio de probidad hacía procedente la destitución. Sin embargo, lejos de acoger ese criterio, Benavente volvió a dictar un nuevo decreto insistiendo en sustituir la destitución por una suspensión, argumentando la existencia de circunstancias atenuantes.
La controversia adquiere una dimensión aún mayor porque, paralelamente, Richard Guzmán enfrenta una acusación del Ministerio Público como autor de un delito reiterado de negociación incompatible, imputándosele ocho hechos, los mismos que sirvieron de base para el sumario administrativo instruido por la Contraloría.
En su acusación, la Fiscalía solicita que Richard Guzmán sea condenado a 7 años de reclusión mayor en su grado máximo, 7 años y un día de inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos, empleos u oficios públicos, una multa de $52.448.568, además de las accesorias legales y el pago de las costas del proceso. Si bien el Ministerio Público reconoce que le favorece la atenuante de irreprochable conducta anterior, sostiene que la reiteración de los hechos justifica la imposición de esa pena.
Así, mientras la Fiscalía solicita una condena de siete años de cárcel por los ocho delitos que atribuye al exadministrador municipal y la Contraloría sostiene que corresponde aplicarle la máxima sanción administrativa de destitución, el alcalde Camilo Benavente insiste, por segunda vez, en dejar sin efecto esa destitución y reemplazarla por una suspensión de tres meses.
La resolución vuelve a abrir un intenso debate político y administrativo sobre la decisión del alcalde de apartarse del criterio de la Contraloría en un caso de alta connotación pública, especialmente considerando que los hechos investigados en sede administrativa son, en lo sustancial, los mismos que hoy sustentan la acusación penal presentada por el Ministerio Público.
Ahora será nuevamente la Contraloría General de la República la que deberá pronunciarse sobre este segundo decreto, determinando si la decisión del alcalde se ajusta o no al marco legal aplicable.
